El Gobierno seguirá prorrogando el impuesto sobre el patrimonio, un tributo que la legislación vigente contemplaba que desapareciera en 2015.

Este impuesto que grava la riqueza neta de las personas físicas, a partir de 700.000 € (500.000 € en Cataluña), se mantendrá en 2017, lo que beneficiará las cuentas de las comunidades autónomas que lo reciben.